La “libertad de expresión” en el Ecuador

Recuerdo que cuando el presidente Rafael Correa estaba promocionando su candidatura a dicho puesto solía usar todo medio que estuviese a su alcance para realizar campaña política sin importarle si dicho canal de televisión, estación de radio, periódico o revista, eran administrados por ex banqueros, grupos de poder u otros “pelucones” de la sociedad Ecuatoriana.

Inclusive recuerdo algunas entrevistas que el ex presentador de televisión, Carlos Vera, mantuvo con dicho candidato por algunas ocasiones. En ellas se notaba una congruencia de opiniones, un gusto por parte del periodista hacia las ideas del candidato y, de cierta manera, un apoyo a su candidatura.

La realidad del Ecuador en este momento dista mucho de la que se vivió en campaña. Si Rafael Correa fue capaz de engañar a un periodista, quien se supone investiga todos los aspectos de los candidatos, imagínense que paso con el pueblo Ecuatoriano.

Actualmente en el país existen más de 10 medios incautados por el estado, en los cuales se publica propaganda del gobierno a diestra y siniestra, no se permite la comunicación de ideas en contra del régimen, y en los cuales se ha despedido a casi todos los periodistas que no se alineaban con el gobierno y sus ideas.

¿Eso es libertad de expresión? Sigamos analizando el contexto del país. En esta lucha por el control de los medios que el gobierno inicio hace meses y que no estuvo en su plan de campaña, existieron varios medios y programas que fueron víctimas directas de la aberración del mandatario por exterminar lo que él califica como “La prensa mediocre y corrupta” que, dicho de otra manera, es aquella que no se identifica con su gobierno o ideas.

Recuerdo algunas de las primeras víctimas de esta persecución, por ejemplo:

• El cierre del programa “Buenos Muchachos” del conductor Francisco Pinoargote.
• La salida de la televisión del ex presentador Carlos Vera ejecutada por presiones directas de la presidencia.
• La denuncia del presidente en contra de Francisco Vivanco Riofrío, quien acuso a Correa de hacer uso de la violencia en Diario La Hora.
• La violenta expulsión que sufrió Emilio Palacio, ex Editor de Opinión de Diario El Universo, por parte de gendarmes vestidos de civil quienes ejecutaban una orden directa del presidente.
• La detención del ciudadano Mauricio Xavier Ordóñez el 14 de junio del 2007 por “haber hecho gestos obscenos” al presidente Rafael Correa en la calle mientras el se movilizaba con su caravana de seguridad.
• Los insultos que sufrió la periodista cuencana, Sandra Ochoa, a quien el presidente se refirió como “Gordita Horrorosa” durante una rueda de prensa.
• Todos los medios de comunicación igualmente sufrieron varios insultos durante esta rueda de prensa a quienes Correa los califico como “Bestias Salvajes” citando declaraciones del ex Primer Ministro Británico, Tony Blair.

Estos, por nombrar algunos, fueron los actos en donde el presidente del Ecuador, Economista Rafael Correa, nos enseña a practicar la Libertad de Expresión de una manera “efectiva y respetuosa” que busca eliminar a sus detractores merced de violaciones a la constitución y otras leyes vigentes.

Sin embargo, hasta ahora, la lucha en contra de los periodistas, medios o ciudadanos que no se alineen con las tendencias del gobierno ha sido basada en el autoritarismo, la confrontación y la violación de la constitución que ellos mismo crearon.

Según el régimen, entonces, es necesaria la creación de una ley que controle y amordace a dichos medios de una manera “legal y efectiva” para que el gobierno pueda ejercer un control total sobre las ideas que se comunican al pueblo. Imitando lo que sucede en países de extrema izquierda como Cuba.

Así nace la famosa “Ley de Comunicación” que en sus inicios mantuvo un aire “democrático” puesto que se pidieron algunos borradores, en base a los cuales, una comisión especial de asambleístas liderados por Mauro Andino y Betty Carrillo, crearon una propuesta de ley que deberá ser discutida por el pleno de la Asamblea Constituyente, en primera instancia, este 10 de Diciembre.

Según Andino, esta propuesta de ley, está basada en los 3 borradores que se presentaron y que fueron creados por Lourdes Tiban, Rolando Panchana y Cesar Montufar, sumada la ayuda de varias organizaciones civiles y representantes de los medios.

La triste realidad es que casi la totalidad del proyecto de ley de comunicación esta realizada en base al borrador de Rolando Panchana, intimo colaborador del gobierno, asambleísta oficialista y públicamente alineado con el presidente y su círculo intimo, ¿Qué gran coincidencia?

Los problemas con el proyecto comenzaron apenas se lo informo públicamente, pues manifiesta una búsqueda del régimen por restringir, censurar y amordazar la información. Así lo determina la estructura del texto que aparte de ser inconstitucional, puesto que contradice lo dicho en la carta magna en lo referente a la censura previa y a otros vacios legales, crea 14 restricciones para lograr exterminar la libertad de expresión de los medios y ciudadanos.

Quizás el problema más grande que existe en este proyecto es la ambigüedad con la que se escriben los textos de estas sanciones o restricciones y como se quiere manipular a la “Responsabilidad Ulterior” para cumplir los fines del gobierno en materia de censurar a los medios.

Si bien la constitución vigente en el Ecuador prohíbe la censura previa en la información, este proyecto de ley manipula el concepto de responsabilidad ulterior, que está actualmente vigente en muchos documentos internacionales, a los cuales el Ecuador respeta, por lo cual no existiría razón aparente para introducirlo en el proyecto de ley al menos que busque un fin más oscuro.

Como dijo Carlos Vera en una intervención: “Están inventando lo que ya existe” y a manera de ejercicio quisiera explicarlo un poco mejor para que ustedes, amables lectores, se familiaricen con el significado de responsabilidad ulterior.

No es más que la responsabilidad que todo ciudadano tiene en el momento en que genera una información pública, por ejemplo, si un comunicador decidiese informar sobre posibles actos de corrupción de un político, este tiene todo el derecho de hacerlo públicamente y sin necesidad de consentimiento, haciendo uso de su libertad de expresión, sin embargo, el político puede iniciar trámites legales en contra del comunicador si así lo creyera pertinente.

En el caso anterior el comunicador ha usado su derecho a la libertad de expresión, sin embargo, y casi instantáneamente, está asumiendo su responsabilidad por la información transmitida, dando la oportunidad al político de defenderse y enjuiciarlo.

Hasta aquí todo parece funcionar, de hecho ha sido un modelo exitoso, incluso apoyado por una “Responsabilidad Inmediata” que Carlos Vera explica como aquella que todo periodista debe tener para asegurar la aceptación, ya que si a un ciudadano no le agrada la información que recibe de determinado medio, está en la libertad de “cambiar de canal” o, en otras palabras, consultar otras fuentes.

El problema se inicia en el momento en que el régimen hace uso de este concepto para amordazar a los medios y controlarlos, creando y escribiendo en la ley sanciones con términos ambiguos y abiertos que se prestan a cualquier interpretación.

El proyecto de ley crea las restricciones y sanciones que deberán ser aplicadas a los medios y ciudadanos que las faltasen, sin embargo, ¿Quién seria el encargado de decidir si un acto ha faltado la ley o no? ¿Quién se encargaría de interpretar las responsabilidades que en la ley están escritas de una manera totalmente abierta y ambigua?

La comisión encargada de crear el proyecto de ley ha puesto solución a este vacío creando un “Consejo de Comunicación” que, de ser la ley aprobada, debería ser conformado de la siguiente manera:

• 1 delegado del Ministro de Comunicación (Controlado por el régimen)
• 1 delegado del Ministro de Cultura (Controlado por el régimen)
• 1 representante de las Escuelas de Comunicación (En el Ecuador de tendencia de izquierda y que obedecen al ejecutivo)
• 3 representantes de la ciudadanía elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana o el famoso quinto poder (Controlado en su mayoría por el gobierno)

Vemos como el gobierno pretende ser juez y parte para censurar, según su conveniencia, a medios o ciudadanos. Pretenden crear las restricciones y aplicar las sanciones en base a un consejo que ellos mismos controlarían por la manera de conformación que tiene.

Así nos los explica el constitucionalista Jorge Zavala Egas:

… Este proyecto de ley sigue 6 pasos para cumplir este fin que es restringir la información. Paso uno: El proyecto crea catorce restricciones a la información, en los artículos 104 al 109 del proyecto en donde crean todas las infracciones o motivos de sanciones. Cuando se crean restricciones, tipificando o describiendo conductas, se está informando lo que se va a sancionar. Pero cuando se lo redacta con términos vagos, indeterminados, indefinidos, faltos de concreción, un cajón de sastre en donde puede entrar cualquier conducta, entonces se genera un control y amordazamiento de la comunicación…

Es que si el gobierno crea las sanciones y, en sus manos está el aplicarlas a quienes deseen, ¿Cómo un periodista puede ejercer su trabajo con ética? Si, por ejemplo, un comunicador pretende informar sobre un acto de corrupción en el gobierno, pero teme a ser castigado, con justa razón pues la determinación de su falta y la sanción solamente dependen de un consejo controlado por el mismo organismo a quien va a denunciar, existiría una censura previa ya que este periodista preferiría no denunciar estos actos por miedo a ser sancionado.

Otra vez, el Doctor Jorge Zavala nos explica:

…Porque si yo se que publicar esta verdad que vulnera la verdad del que me juzga y me va a sancionar, me debo auto censurar para evitar la sanción. Pero el efecto es el mismo y lo que mide la constitución es el efecto, si la censura previa se prohíbe expresamente por la constitución, es porque no se debe limitar la información. ¿Qué se hace en la manipulación constitucional para evitarla en los regímenes totalitarios? Dicen ¡NO!, creemos el consejo que YO lo dirijo, creemos las inflexiones que yo relleno las conductas, creo la sanción y con eso tengo el mismo efecto. Porque el propio medio de comunicación (Persona jurídica con derechos constitucionales) es la que va a ser sancionada…

Igualmente el ex periodista y ahora actor político Carlos Vera nos denuncia sobre lo nefasto del proyecto de ley, sobre la ambigüedad de las restricciones y sobre lo alarmante de la posible creación del “Consejo de Comunicación” así:

… Articulo 11, Responsabilidad Ulterior, es decir, inventan algo que ya existe de la siguiente manera: El ejercicio de los derechos de comunicación no estará sujeto a censura previa, salvo los casos establecidos en la constitución, hasta ahí bien, tratados internacionales vigentes, también, Y LA LEY, ¿Cual ley? Esta (Ley de Comunicación). Al igual que la responsabilidad ulterior por la vulneración de estos derechos. En esta ley crean nuevas figuras, tipifican nuevos delitos, para esta responsabilidad ulterior. Ley que de paso reglamentará el ejecutivo, quien dijo que a la prensa mediocre y corrupta hay que destruirla y no va a descansar hasta hacerlo…

Tanta ha sido la critica a este proyecto de ley que la misma asambleísta, Betty Carrillo, pidió hace algunas semanas un informe a la UNESCO sobre dicho tema, tras lo cual recibió un documento de mas de 100 paginas en donde se realizaron 22 observaciones al proyecto por encontrarlo atentatorio en contra de la libertad de expresión.

¡Cuidado Ecuador! El proyecto de ley que se está gestando en la Asamblea Nacional es muy nocivo para la libertad de expresión. Están tergiversando conceptos internacionales como el de la responsabilidad ulterior para adaptarlos a su manera y generar una mordaza en la comunicación.

Lo peor de todo es que nuestro futuro descansa en manos de personajes como Mauro Andino y Betty Carrillo: